La crisis del sistema penal y el retardo en la sustanciación de juicios impulsó a que paulatinamente se brinde preferencia a todo mecanismo dirigido a obtener una solución expedita a los conflictos penales. En este sentido, el procedimiento abreviado se consolidó como la fórmula procesal que genera una vertiginosa resolución de causas penales, especialmente, cuando se califica la situación de flagrancia. Si bien el procesado, gracias a su confesión, obtiene una disminución de la pena fruto del acuerdo con el fiscal, y este último que da exento de producir prueba en un juicio oral, público y contradictorio, no es menos cierto que en la aplicación del procedimiento abreviado se produce una tensión entre el principio de eficacia judicial y el derecho fundamental a la no autoinculpación. El propósito de esta obra es evidenciar esa tensión desde una perspectiva teórica y práctica.