La presente investigación tiene como principal objetivo demostrar que la inexistencia de políticas públicas dirigidas específicamente a facilitar el derecho al teletrabajo, exceptuando las actividades que no pueden ejecutarse de manera no presencial, han trastocado su naturaleza, volviéndolo un privilegio de quienes pueden ser considerados ciudadanos digitales en la época actual, la cual se caracteriza por la innovación tecnológica. Dicho de otro modo, de aquellos que tienen las posibilidades no solo para acceder, sino para conocer el funcionamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, y están en condiciones de pagar el servicio de internet. Ahora bien, la metodología utilizada es el análisis crítico documental. Por último, uno de los resultados más relevantes es el hallazgo de un casi nulo avance jurisprudencial en la región andina en cuanto al teletrabajo, pues únicamente se encontraron dos precedentes jurisprudenciales, emitidos por la Corte Constitucional colombiana.